El presente documento es resultado del proyecto de investigación titulado “Avances en el desarrollo territorial con enfoque diferencial etnoeducativo”. En concreto, este artículo aborda diversas problemáticas sociales, económicas, ambientales, tecnológicas y educativas con el objetivo de garantizar, desde su enfoque e identidad cultural, la mejora en la calidad de vida de los etnoterritorios. Para ello, se manejaron técnicas de indagación cualitativas y cuantitativas con el propósito de saber mediante observaciones y revisión documental las representaciones de tradiciones que establecen comportamientos y significados. Además, se utilizó un muestreo probabilístico de fuentes idóneas para evitar sesgos en la investigación. En concreto, se presenta un análisis cronológico del marco legal, basado en luchas o demandas sociales, que ha permitido alcanzar la autonomía territorial y la recuperación de fueros propios y autóctonos, así como del ambiente y lo productivo. Los resultados evidencian cómo la etnoeducación ofrece oportunidades para el desarrollo territorial. En conclusión, se resalta la importancia de que la planificación y la etnoeducación se desarrollen desde los propios territorios con el propósito de preservar el medio ambiente y las tradiciones, elementos fundamentales para la convivencia. En síntesis, este artículo aporta una nueva perspectiva al no haberse discutido previamente la contribución de la etnoeducación al desarrollo de las zonas étnico-territoriales, lo cual lo convierte en un material auténtico que invita a reconsiderar la importancia de preservar los territorios étnicos. En cuanto a las limitaciones, cabe mencionar que investigar sobre etnoeducación y poblaciones étnicas suele ser complejo debido a la escasez de datos y temas disponibles. Sin embargo, mediante trabajo de campo propio y la colaboración de entidades autorizadas, se lograron alcanzar las metas propuestas.

El largo proceso de violencia rural que ha vivido Colombia durante casi seis décadas ha dejado profundas cicatrices sociales, culturales y ambientales a lo largo de su historia (Tomás Bohórquez, 2021). Por ello, esta investigación busca comprender o dar respuesta al nuevo fenómeno legal de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), los cuales deben ser articulados con los etnoterritorios, a pesar de que esto constituya uno de los mayores desafíos en materia territorial, ya que pueden cambiar la manera en que las comunidades están acostumbradas a administrar sus recursos económicos y socioambientales.

En concreto, en el presente trabajo se analizan los avances en torno al desarrollo territorial con un enfoque diferencial etnoeducativo, el cual se define como aquellas situaciones inherentes a las comunidades basadas en su modus vivendi, hábitat y qualis est vita, aspectos que están directamente relacionados con la formación de los colectivos de bases étnicas colombianas. Para ello, se delinean los desafíos que deben enfrentar las instituciones para garantizar, desde su enfoque e identificación cultural, la calidad de vida de los etnoterritorios.

Al darle una oportunidad a la interculturalidad, estamos reconociendo una intención de acercamiento, comunicación y relaciones entre personas de culturas diversas. La interculturalidad, por tanto, debe reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad que contribuye a la construcción de sociedades en las que la igualdad de derechos sea un principio primordial (Escarbajal, 2010).

La etnoeducación tiene que ver con aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran una misma nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación, por ende, se halla estrechamente ligada a determinada sociedad con el debido respeto de sus creencias y tradiciones (Departamento Administrativo de la Función Pública, 1994). En palabras del Ministerio de Educación Nacional (1985) la etnoeducación es un proceso social permanente inmerso en la cultura propia con el fin de procurar el desarrollo de conocimientos, valores y habilidades que permitan a las personas participar plenamente en el control de su comunidad. Por su parte, organismos multilaterales como la OIT la definen como la educación brindada a grupos étnicos, es decir, un conjunto de políticas públicas educativas coherentes con la definición de un Estado multicultural y pluriétnico (Resguardo Tachí-Trúa, 2006).

La etnoeducación implica otorgar un propósito significativo a nuestras acciones. Esto quiere decir que no podemos hablar de impartir conocimiento si este no llega de manera adecuada a quienes lo necesitan. La etnoeducación, por ende, representa un compromiso vital con la existencia de pueblos cuya preservación está intrínsecamente ligada a sus propios saberes, los cuales fortalecen sus capacidades para salvaguardar sus tradiciones culturales, lengua, sociedad, interculturalidad, producción, paz y medio ambiente. En pocas palabras, en el enfoque curricular de la etnoeducación se busca constantemente tomar en cuenta la infraestructura, creencias, prácticas, rutinas y tradiciones propias de cada comunidad.

Se seleccionaron publicaciones indexadas que proporcionaron elementos reflexivos en el contexto nacional e internacional, de manera proporcional a los objetivos de la investigación. Estas publicaciones identificaron e integraron teorías del desarrollo económico local que contribuyen a la gestión del desarrollo, así como al análisis de las instituciones, las cuales tienen el deber de aportar y generar condiciones de vida digna.

Este artículo se enmarca dentro de una metodología cualitativa, crítica y participativa, la cual fue complementada con un enfoque cuantitativo que incluye estudios de caso. Para ello, se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda y revisión sistemática de libros y artículos relevantes. Además, se emplearon cuadros de clasificación, como tablas y diagramas, en diferentes etapas del proceso investigativo. Estos cuadros permitieron representar los datos y compararlos de manera que facilite al lector la comprensión de la información, incluso cuando esta puede ser compleja y provenga de fuentes oficiales. Al respecto, cabe destacar que se priorizaron fuentes actualizadas, publicadas después del año 2018.

Utilizando indicadores, se proporcionó una definición pedagógica y social del modelo académico, así como de la orientación educativa. En concreto, se llevaron a cabo entrevistas en formato de video y grabaciones de voz mediante diversos métodos de recolección de datos, como encuestas y diálogos, en entornos educativos. Para ello, se tuvo en cuenta el contexto histórico a través de un panorama teórico que incluyó el concepto etnoeducación y los estudios relacionados con sus territorios de aplicación.

A continuación, se ofrecen los resultados del trabajo investigativo. En primer lugar, se presentan los hallazgos de la metodología cualitativa, la cual se basó en un análisis cronológico legal que tuvo como base la Constitución Política de Colombia, leyes, decretos, resoluciones, así como libros y revistas relevantes. En segundo lugar, se empleó una metodología cuantitativa que utilizó indicadores derivados de bases de datos institucionales, encuentros, entrevistas en video y grabaciones de voz (diálogos). Asimismo, se utilizaron elementos de recolección censal representados en tablas y diagramas con datos comparativos.

Por otra parte, cabe recordar que esta investigación surgió a partir de la siguiente interrogante: ¿cuáles son los componentes que obstaculizan el desarrollo de los etnoterritorios?

El objetivo de esta indagación fue determinar cómo la etnoeducación ha contribuido al desarrollo territorial de los pueblos afrodescendientes, indígenas y ROM, para lo cual se evaluó la percepción de los habitantes. En tal sentido, fue necesario partir de lo siguiente:

Desde los albores de la historia republicana, los indígenas y afrodescendientes han librado una lucha social por el reconocimiento de sus derechos como sociedades culturales y medioambientales, los cuales han sido vulnerados por diversos factores, tales como el abandono, el desarraigo, la discriminación, la violencia generalizada y la falta de reconocimiento, entre otros.

Fue solo con la promulgación de la nueva Constitución de Colombia en 1991 que se lograron avances significativos en el reconocimiento de derechos fundamentales, como el respeto a sus creencias, la recuperación de su lengua nativa, la autonomía territorial y la etnoeducación, por los cuales los pueblos indígenas y afrodescendientes han luchado incansablemente.

En la siguiente cronología legal, se analizan los alcances de los reconocimientos mencionados, comenzando desde la carta magna y las normativas que se derivan de ella.

Sin embargo, muchos habitantes se sienten insatisfechos con lo que el Estado colombiano les brinda e incluso perciben que la industrialización busca despojarlos de sus riquezas ambientales y hacer que pierdan sus tradiciones culturales. Para profundizar más en la problemática de investigación, se planteó la siguiente pregunta:

Este ha sido uno de los mayores interrogantes de los gobiernos a nivel nacional, territorial, así como de las propias comunidades. Aunque la respuesta podría parecer evidente a simple vista, no es fácil de determinar, ya que también se deben considerar las acciones de las autoridades al respecto. Este no es solo un asunto de los etnoterritorios; también es fundamental el compromiso de todas las distintas ramas del poder público, ya que la efectividad de estas puede generar espacios de respeto hacia lo que debe llegar a las comunidades, así como la efectividad de los poderes del Estado puede generar respeto por lo público.

Para abordar esta pregunta, se consultó la percepción de los habitantes, educadores y líderes de la zona. Los resultados obtenidos a partir de diversas entrevistas se reflejan en la siguiente figura:

Los pueblos indígenas y afrodescendientes permanentemente luchan por la autonomía territorial, pero conceptos de la Corte Constitucional colombiana señalan que esta no es absoluta. En su sentencia C-189/19 precisa lo siguiente:

Con base en que Colombia se encuentra organizada en forma de República unitaria, conforme a la Constitución Política colombiana de 1991, en su artículo 287 el constituyente determinó las competencias de autonomía para que los entes territoriales definieran la gestión de todos sus intereses. Además, el artículo 288 de la constitución nacional dispuso que mediante una ley orgánica para su ordenamiento territorial se establecieran la distribución de las competencias entre el orden nacional y el orden territorial. En este último artículo, también se dispuso que las actuaciones que rijan el ordenamiento y autonomía deben tener un carácter jerárquico de subordinación al nivel central, dado que existe en el Estado colombiano una máxima autoridad administrativa, y que esta descentralización territorial funcione con parámetros de subsidiaridad, concurrencia y coordinación entre el orden nacional y el territorial.

Estos principios de autonomía de las entidades territoriales se establecen de manera constitucional, considerando aspectos de diversidad étnica, cultural, ancestral y ambiental, sin dejar de lado el principio de funcionamiento del país que opera de forma unitaria. A partir de esto, se reconocen las competencias constitucionales específicas de los entes territoriales con el respaldo legal de que cada organización territorial forma parte de la unidad del país, mediante el principio de Estado unitario. De esta manera, se determina que las actividades derivadas de los entes nacionales, como los servicios de salud y la educación, entre otros, dentro del orden público, son asuntos que pertenecen al gobierno. Por lo tanto, la autonomía no es absoluta y las entidades territoriales carecen de competencias en ciertas actividades, las cuales se encuentran subordinadas al ejercicio administrativo de la función pública nacional. En pocas palabras, la autonomía territorial siempre será una invocación al respeto por la etnoeducación, el patrimonio, la cultura y los saberes ancestrales.

La principal riqueza de Colombia radica en su diversidad étnica y cultural. El Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2018 incluyó una clasificación con una caracterización especial, donde se puso énfasis en la pregunta sobre si la persona encuestada se reconocía dentro de un determinado grupo étnico poblacional. La clasificación enmarcada dentro de esta diversidad incluyó a indígenas, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, clasificados con la sigla NARP (negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros) y, por último, a los gitanos o ROM.

El registro arrojo que la población total de Colombia, para el año 2018, fue de 48 258 494 personas, y las urbes étnicas comprenden el 13. 6 %.

La población denominada NARP, clasificada por el DANE, incluyó tres grupos étnicos:

La mayoría de los etnoterritorios se enfrentan a tres problemáticas que afectan su productividad: 1) la extracción minera ilegal, 2) los cultivos de hojas de coca y 3) el uso de precursores y sustancias químicas para la elaboración de drogas y extracción de metales preciosos. Estas actividades impactan negativamente en la productividad, ya que provocan la destrucción de la fauna y flora, dañan el medio ambiente, afectan la salud humana y alimentan la violencia a través de grupos ilegales.

Desafortunadamente, en Colombia, el desarrollo de los territorios se evalúa en muchas ocasiones en función de la construcción de infraestructuras como acueductos, alcantarillado, pavimentación de vías y eliminación de brechas digitales, entre otros. Esto se debe a que el entorno socioproductivo contribuye al crecimiento económico del país, especialmente a través de grandes empresas. Como resultado, los territorios habitados principalmente por indígenas y NARP (negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros) no mejoran su calidad de vida debido a su ubicación geográfica en zonas periféricas.

Un ejemplo de esta disparidad se observa en la ciudad de Buenaventura, donde existe un marcado contraste en el progreso de las condiciones de vida. En este etnoterritorio, la mayoría de las grandes obras de infraestructura se centran en facilitar la salida y entrada de mercancías, mientras que las principales vías de la ciudad y las inversiones constantes en su mantenimiento son responsabilidad del gobierno nacional.

Los etnoterritorios son abundantes en flora, fauna y minerales, lo que genera diversos intereses y conduce a un proceso de territorialización. Sin embargo, las consecuencias de este proceso incluyen desplazamiento forzado, masacres, desapariciones forzadas y la negación sistemática de los derechos sobre la tierra. En consecuencia, los líderes de estas comunidades denuncian que esta territorialización está favoreciendo a mafias multinacionales que tienen interés en sus territorios.

Aun así, la idiosincrasia productiva de estos territorios se basa en la explotación de la fauna y flora locales, lo cual incluye la cría, comercialización y uso de especies menores, así como el cultivo de productos propios de la zona como el ñame y la papa china, y el uso controlado y racional de la minería artesanal, de la cual las comunidades han dependido ancestralmente. En este contexto, la etnoeducación emerge como un factor primordial para alcanzar objetivos equitativos de crecimiento social y económico.

A lo largo de la historia, numerosos libros, textos, periódicos y revistas han documentado diversas masacres en los etnoterritorios, así como amenazas y desplazamientos forzados que han causado mucho dolor y sufrimiento. Por ejemplo, en la costa pacífica colombiana, se han registrado masacres como la del río Anchicayá, Yurumangui, Zabaleta, Naya, entre otras (Córdoba, 2014). De hecho, a pesar de varios procesos de paz, aún se registran masacres, principalmente dirigidas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras, lo que ha cuestionado la efectividad del último proceso de paz realizado en Colombia en 2016.

Tras la firma del acuerdo del proceso de dejación de armas entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de las FARC el 24 de noviembre de 2016, el gobierno implementó un sistema llamado Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta figura es una herramienta de gestión y planificación que guía a las entidades colombianas con el propósito de promover el progreso económico, social y ambiental en lugares o zonas del país más afectadas por el conflicto armado interno. De esta manera, se procura la reincorporación a la legalidad y a una vida normal de las personas que pertenecieron a ese grupo guerrillero.

Es importante tener en cuenta que muchos de estos municipios o distritos PDET, también conocidos como posconflicto, son etnoterritorios. Por lo tanto, cambia en algunos aspectos la forma de realizar u orientar sus planes de desarrollo local, ya que la comunidad solicita que estos planes se elaboren de manera concertada con las comunidades indígenas, afrodescendientes, así como con sus cabildos y consejos comunitarios.

En la Ley General de Educación (1994) la etnoeducación busca fortalecer la identidad cultural y el desarrollo integral de grupos o comunidades con características culturales, lingüísticas, tradicionales y normativas propias y autóctonas. Esta forma de instrucción debe estar estrechamente vinculada al ambiente, al proceso productivo y al proceso social y cultural, todo ello con el debido respeto a las creencias y tradiciones de dichos grupos. Esto significa que la etnoeducación debe ser concebida y aplicada desde los propios territorios, pues desempeña una función esencial para avanzar en el progreso de las poblaciones desde una perspectiva humanística y como una infraestructura para la conservación de los territorios. Al respecto, el Ministerio de Educación de Colombia (2024) señala lo siguiente:

Para lograr lo anterior es necesario abordar varias acciones clave, como erradicar la corrupción y la violencia, promover una salud mental óptima entre los docentes y fortalecer el currículo etnoeducativo. Además, en la implementación de un proceso etnoeducativo efectivo, es esencial transversalizar las áreas fundamentales para que los estudiantes de los territorios étnicos no solo sean receptores de conocimiento en diferentes áreas, sino que también adquieran saberes que les otorguen un sentido de pertenencia, valoren su entorno, se enorgullezcan de su identidad y sean preparados para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Este enfoque educativo debe capacitarlos para contribuir al crecimiento y desarrollo tanto de su territorio como de la sociedad en general.

El etnoeducador suele desempeñar su labor en zonas afectadas por el conflicto armado, donde la salud mental se convierte en un aspecto crucial por considerar en el ejercicio de su labor formativa. En tal sentido, la salud mental puede definirse como las diversas circunstancias presentes en el entorno laboral que están estrechamente relacionadas con las instituciones, las funciones laborales y la ejecución de tareas, y que tienen el potencial de afectar el bienestar y la salud (tanto física como mental) de la persona en su trabajo, así como el progreso adecuado. Los componentes psicosociales pueden inducir deterioros en la salud de los trabajadores y también pueden influir negativamente en su felicidad, satisfacción y bienestar, lo que a su vez afecta el beneficio de la comunidad educativa.

Esto significa que el maestro también transmite emociones y sentimientos a sus estudiantes, ya sea de manera verbal o no verbal, y estos pueden ser afectados en entornos marcados por la violencia, lo que impacta la salud mental del docente y desequilibra el entorno educativo. Para abordar esta problemática, es necesario analizar sus causas, entre las que se destaca el conflicto armado.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (2008), el conflicto armado no internacional se consideran conflictos armados de larga duración aquellos enfrentamientos de naturaleza bélica que se extienden por un período considerable de tiempo. Los efectos de la violencia se experimentan en todas las sociedades, pero son más frecuentes en áreas urbanas con situaciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, así como en zonas rurales, de ahí que surja la necesidad de trabajar permanentemente la salud emocional del educando.

Ahora bien, para facilitar la etnoeducación debemos saber con qué instrumentos académicos se cuenta en dichos territorios (tabla 3).

Según el censo de población y vivienda realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) en 2018, se observan avances significativos en materia de educación en las etnias, en contraste con la media nacional. Al respecto, es notable el aumento en el acceso a la educación por parte de más poblaciones, un hecho que merece ser resaltado. Sin embargo, en el ámbito de la educación superior, tanto en pregrado como en posgrado, aún se enfrentan limitaciones significativas en cuanto al ingreso y la permanencia.

Otro aspecto de avance que merece destacarse es la preservación de las lenguas nativas por parte de la población étnica raizal, palenquera e indígena. En comparación con el censo realizado entre 2005 y 2018, se observa un aumento significativo en el número de indígenas que hablan la lengua nativa de su pueblo, lo que indica que estas lenguas están vivas y en uso. Este avance se puede visualizar de manera detallada en la siguiente figura:

En los centros poblados y poblaciones rurales dispersas, la cobertura digital para los indígenas y afrocolombianos aún sigue siendo deficiente en comparación con el promedio nacional, como se muestra en las dos figuras siguientes proporcionadas por el DANE. Este déficit en la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) representa un desafío significativo para garantizar la inclusión digital y el acceso equitativo a las oportunidades en estas comunidades.

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoció la diversidad étnica y cultural del país como patrimonio de todos los colombianos, lo que abrió las puertas para que los diferentes pueblos alcanzaran autonomía territorial. Esto permitió, entre otras cosas, diseñar modelos de enseñanza-aprendizaje adecuados a las necesidades y formas de vida de cada comunidad.

Sin embargo, vale destacar que los avances en el desarrollo territorial no deben medirse únicamente desde la perspectiva de la infraestructura física. Como señalan Sarmiento y Delgado (2020), Del Sol Alonso (2021), Cernaque y Palacios (2022), y Esquivel et al. (2023), estos avances deben manifestarse de manera integral para que contibuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento de la salud mental, la lucha contra la pobreza, el impulso al crecimiento económico y el desarrollo de la infraestructura tecnológica.

Por último, la pregunta de investigación relacionada con los factores que obstaculizan el desarrollo de los etnoterritorios abordó precisamente estos puntos. Al respecto, la percepción de las personas consultadas señala principalmente en la corrupción, seguida del abandono por parte del Estado, la violencia perpetrada por grupos armados ilegales, las desigualdades sociales, la falta de sentido de pertenencia y el desempleo. Estos resultados son consistentes con los hallazgos reportados por Carrillo (2019), Franco (2020), Barberena (2021) y Moore (2022).

Cuando nos adentramos en la indagación basada en el objetivo de esta investigación, que está ligado a demostrar la contribución de la etnoeducación al desarrollo territorial de los pueblos afrodescendientes e indígenas, podemos determinar principalmente que, aunque existe una definición de etnoeducación por parte del Ministerio de Educación, su implementación debe ser concebida desde el etnoterritorio. Esto se debe a un conjunto de factores físicos (infraestructura) y geográficos que inciden en el desarrollo del individuo y la población étnica en general, los cuales incluyen la cultura, el proceso social, la recuperación y preservación de sus lenguas, tradiciones, fueros propios y autóctonos, el ambiente, la productividad y el debido respeto a sus creencias, tradiciones, usos y costumbres.

Por otra parte, las orientaciones curriculares especiales establecen, en la Ley 115 de 1994, que el currículo debe fundamentarse en la territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres. Asimismo, el diseño o construcción del currículo será el resultado de una investigación en la que participe la comunidad en general, la comunidad educativa en particular, sus autoridades y las organizaciones tradicionales con la asesoría especializada del Ministerio de Educación Nacional, en colaboración con los departamentos y distritos.

En resumen, aunque se han logrado avances en el marco constitucional y legal del desarrollo territorial en Colombia, es crucial adoptar un enfoque diferencial étnico concertado con las comunidades. Esto, apoyando en la etnoeducación, ayudará a evitar el exterminio o la expulsión de las razas indígenas, NARP (negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros) y gitanos o ROM. Esta última es una herramienta fundamental para formar seres humanos integrales, libres e independientes, lo que permitirá la preservación del medioambiente y las tradiciones como ejes esenciales para la vida.

Con esta investigación se logró determinar cómo la etnoeducación aporta al desarrollo territorial desde una mirada integral, ya que esta fomenta el compromiso con la vida presente y las futuras generaciones. Sin embargo, se sugiere efectuar un estudio demostrativo sobre cómo esta beneficia al ambiente, la preservación de la cultura, la recuperación de la lengua, el proceso productivo y la no destrucción de la raza humana.